La Comisión de Medio Ambiente del Congreso ha aprobado la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988,–con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el voto en contra de PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, BNG y Compromís-Equo–, para posteriormente ser enviada al Senado, y así continuar con la ‘segunda fase’ de su trámite parlamentario.
De las 145 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios al texto del Gobierno, el PP ha aceptado dos de CiU de carácter técnico, así como otras seis pactadas con los grupos parlamentarios; todas ellas de carácter técnico.
La nueva normativa aplica criterios técnicos para deslindar la costa
Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
Eso sí, se establece que, a la hora de conceder una autorización urbanística, en el caso de las obras o instalaciones que afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada.
La nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá un nivel de protección mayor al vigente.
Así, se establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales, con la precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.
