El Consejo Andaluz de Comercio, formado por los sindicatos, consumidores, pequeños y medianos comerciantes, comercio de alimentación y las grandes superficies, entre otros, aprobó hoy, con la abstención de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), una resolución de rechazo a la nueva liberalización de horarios de apertura de los establecimientos contenida en el Real Decreto-ley 8/2014, del 4 de julio, al entender que vulnera las competencias autonómicas en la materia y beneficia a determinados formatos comerciales.
Este órgano consultivo acordó también instar a la Consejería de Turismo y Comercio a que solicite al Ministro de Economía y Competitividad que inicie la tramitación parlamentaria como ley de esta normativa, que se supriman los artículos 4, 5, 6, y 7, así como del anexo I, y que, en todo caso, se establezca el diálogo y el consenso con las administraciones que ostentan la competencia legislativa en la materia.
Según explicó hoy en Sevilla el consejero, Rafael Rodríguez, estas disposiciones del Ejecutivo central «constituyen una nueva patada en la puerta» a los autónomos del comercio andaluz, al sector en general, al Estatuto de Andalucía y al Título VIII de la Constitución Española y recordó que la Administración autonómica, al igual que otros gobiernos regionales, presentó un recurso de insconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley de julio de 2012 que ya contenía medidas de liberalización horaria.
El consejero aseguró que la nueva regulación «no responde a una solicitud del sector, ni de los consumidores» y alertó de que «rompe» el equilibrio entre los distintos formatos del modelo comercial andaluz. Además, denunció que estas disposiciones «intervienen en la libre competencia y van a provocar un trasvase de renta desde los pequeños establecimientos a las grandes multinacionales».
Rodríguez criticó el «afán desmedido» del Ejecutivo nacional por «favorecer a determinados formatos comerciales» y lamentó que «ni siquiera se haya informado a las comunidades sobre la implantación de estas medidas en el seno de las conferencias sectoriales». A su juicio, esta «nueva vuelta de tuerca» es una «muestra» de que para la Administración central «las autonomías sobran».
Normativa andaluza
La resolución aprobada hoy argumenta que «no existe un problema de amplitud en los horarios», ya que la legislación vigente establece un régimen general amplio: 90 horas en días laborables distribuidos libremente por el comerciante y 10 domingos y festivos al año. Además, la Ley andaluza de Comercio prevé la completa libertad de apertura en los establecimientos de hasta 300 metros cuadrados, así como en otros supuestos.
Además, el escrito recoge que «las medidas de ampliación de horarios de apertura no guardan relación con la actual crisis del sector, que es una crisis de demanda y no de oferta» y que la liberalización «también atenta contra la apuesta por potenciar el comercio urbano, con consecuencias negativas sobre la convivencia, la cultura y el medio ambiente, al tiempo que destruye empleo y daña la conciliación familiar».
La resolución considera también que se utilizan «argumentos retóricos» para obligar a la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios, al entender que «la demanda de los viajeros está perfectamente atendida, ya que la relación entre turismo y comercio se produce en los centros históricos de las ciudades o en la zonas vacacionales, pero no guarda relación con las grandes superficies de las periferias».
Igualmente, el texto aprobado por el órgano consultivo razona que la experiencia demuestra que la liberalización de horarios «no reactiva» el sector. En este sentido, refleja que, según diversos estudios, en aquellas comunidades autónomas con mayor libertad, se «acelera en mayor grado la destrucción de empleo» y presentan tasas de variación en su volumen de ventas más negativas.
El Consejo Andaluz de Comercio está integrado por 42 miembros. De ellos, 17 corresponden a la Junta, con dos miembros por cada consejería competente en materias de comercio. El resto se reparte entre organizaciones empresariales, sindicatos, consumidores, Cámaras de Comercio, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y personas de reconocida capacidad técnica, así como el secretario.
