El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, anunció hoy Sevilla que su departamento va a iniciar los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno central el pasado 4 de julio que recoge medidas de liberalización de horarios comerciales, al entender que esta norma vulnera el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución Española.
Asimismo, avanzó que se va a abrir una reflexión sobre la ubicación temporal de los 10 domingos y festivos autorizados para la apertura de las grandes superficies, que en estos momentos se concentran fundamentalmente en el mes de diciembre; y que la delimitación de las nuevas Zonas de Afluencia Turística en Andalucía a efectos de horarios se hará «según la normativa autonómica vigente».
Estas son las tres principales acciones que se van a desarrollar en relación con las medidas que ha aprobado el Ejecutivo nacional y que presentó el consejero acompañado por la directora general de Comercio, María del Carmen Cantero, y por los representantes de la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), los sindicatos CC.OO. y UGT, y las organizaciones de consumidores Facua, UCA-UCE y Al-Ándalus.
Rodríguez valoró la presencia de todas entidades porque supone la existencia de este «amplio bloque de apoyo al pequeño comercio y a los autónomos» y subrayó que las acciones que se van a poner en marcha «están enclavadas en un amplio consenso», porque «no podemos permanecer cruzados de brazos» mientras el Gobierno central «da otra patada en la puerta» al Estatuto de Autonomía y al modelo comercial andaluz.
El consejero defendió la importancia económica del sector, que supone el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, aglutina a más de 162.000 establecimientos (el 95% pymes) y ocupa a 501.579 personas; y denunció que con las nuevas medidas de liberalización horaria la Administración estatal «mete la mano en la cartera del pequeño comercio para detraer recursos y meterlos en la de las grandes superficies».
Igualmente, Rafael Rodríguez aseguró que laregulación no sólo rompe el «equilibrio del modelo comercial andaluz», sino que, además, «no responde a una solicitud del sector, ni de los consumidores». También criticó la actitud del Gobierno central por el «fondo» y por la «forma» en la que ha aprobado la normativa, «sin contar con las comunidades autónomas» y «sustrayendo» la labor del Congreso de los Diputados.
Posición del sector
Por su parte, el presidente de la CECA, Manuel García-Izquierdo, señaló que «no son medidas necesarias ni que haya pedido el sector» y afirmó que «el problema no es una cuestión de horarios, sino de consumo». García-Izquierdo defendió que el comercio de proximidad es el que «más empleo y riqueza genera», el que «mejor ha resistido a la crisis», es «bueno para los trabajadores» y el que «gusta a los turistas que nos visitan».
El responsable sectorial de CC.OO., Gonzalo Fuentes, aseguró que la aplicación de la normativa del Gobierno central supondrá «la precarización» del mercado laboral y la «destrucción» de empleo y recordó en la Comunidad de Madrid, donde hay «liberalización total» se han perdido 455 puestos de trabajo en el primer semestre de 2014; frente los más de 8.000 que se han generado en Andalucía, precisó.
En representación de UGT, Antonio Cardeña, lamentó «los decretazos que venimos padeciendo desde hace tiempo» y denunció que son «una vuelta de tuerca más en la destrucción de empleo» y en la creación de «mano de obra barata». Asimismo, lamentó que el Ejecutivo nacional diseñe sus políticas «siguiendo a los lobbies» y basándose «en estudios que realiza la fundación FAES».
Finalmente, los representantes de las organizaciones Facua, UCA-UCE y Al-Ándalus, Jordi Castilla, Juan Moreno y María Ángeles Rebollo, respectivamente, coincidieron en respaldar las medidas que se van a poner en marcha y denunciaron que la liberalización horaria «no responde» a una petición de los consumidores y «reducirá» su capacidad de elección a «2 o 3 grandes enseñas».
