Piden a los ayuntamientos de Andalucía instaurar Guardas Rurales para atajar los robos en el campo

Piden más control en los robos en el campo andaluz.
/Archivo. Robos en el campo.

Comunicado FTSPUSO ANDALUCÍA:

Un Guarda Rural es una fuente de creación de empleo y estabilidad para el mundo Rural, ya que incentiva a empresarios a invertir en nuestras tierras; Ganadería, Agricultura, Caza, Pesca, Apicultura, Parques Eólicos, cuidados del Patrimonio histórico natural, extinción y vigilancia de incendios forestales…

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Los ayuntamientos de Andalucía podrían instaurar un servicio de Guardas Rurales para conseguir una mayor disminución de los robos en el campo, siguiendo el ejemplo de algunos municipios que ya lo hacen. Así, propone que los costes se sufraguen con el dinero que los consistorios recaudan a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Rústica, prestando así un “servicio clave” en el medio rural y o ayudas económicas como ya hacen comunidades autónomas Españolas como el caso de Navarra…

Convocadas las ayudas para la contratación de guardas de caza, prevención de daños y mejoras del hábitat de especies cinegéticas Se dirigen a asociaciones de cazadores y entidades locales de Navarra, y ascienden a 263.000 euros. El Gobierno de Navarra, a través de del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, convoca ayudas por un total de 263.000 euros para, por un lado, asociaciones de cazadores para la contratación de guardas de caza y mejora de hábitats (223.000 euros) y, por otro lado, para las entidades locales de Navarra con el fin de prevenir daños ocasionados por las especies cinegéticas (40.000 euros).
Así se recoge en sendas resoluciones del director general de Medio Ambiente publicadas en el Boletín Oficial de Navarra. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 15 de julio.

El responsable Regional de los Guardas Rurales del Sindicato https://www.ftspuso.es/FTSP-USO ANDALUCÍA, ha explicado que en el mundo rural se detectan “muchas brechas en cuanto a infraestructuras y servicios básicos con respecto al mundo urbano y al resto de sectores, al igual que se evidencia entre uno y otro una patente discriminación económica”. Una buena fórmula para restituir al campo parte de los ingresos que los ayuntamientos recaudan con el ibi, sería la instauración de guardas rurales.

IBI

Los ayuntamientos, sin embargo, a través del IBI recaudan de los bienes rústicos la mayor parte de los ingresos con los que financiarse, “sin verse por ello mejoras que repercutan en la calidad de vida de los agricultores y ganaderos como máximos contribuyentes que son”. Asimismo ha añadido que “los ayuntamientos incluso se valen de este impuesto para reactivar sus maltrechas economías subiendo de golpe las tasas, como así viene sucediendo en estos últimos años de forma continuada” sumando, además, a este tributo más tipos de propiedades como balsas, casetas para riego, establos, casetas de aperos, etc.

Una buena fórmula  para atajar los robos y para restituir al campo parte de los ingresos que los ayuntamientos recaudan a través de este impuesto sería la instauración de Guardas Rurales, una figura regulada por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que al igual que sus homólogas, guardas de cotos o de pesca, depende directamente de la Guardia Civil tanto para su acreditación como en su actuación.

Esta propuesta, según explica, no influye en que los cinco equipos ROCA de la Guardia Civil, especializados en la provincia en robos en el campo, se refuercen con más recursos materiales y humanos. Su creación en 2013, en opinión de la OPA, fue un acierto, de hecho, se ha reducido un 12,76% el número de infracciones penales conocidas por la Guardia Civil en 2017 respecto a 2016 y su labor se ha venido notando desde entonces en el esclarecimiento de delitos, en la detención de delincuentes y bandas criminales, así como en la recuperación de mercancía robada.

Por tanto, la instauración de las guarderías rurales a cargo de los ayuntamientos, tal y como sé propone, y como ha hecho en distinto grado en otros lugares, crearía un servicio permanente de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, no solo durante periodos críticos como la recolección de frutos. Daría también “un fuerte respaldo a los cuerpos y seguridad del Estado, evitando así que los agricultores y ganaderos ejerzan su actividad en las extremas condiciones de inseguridad que desde siempre vienen padeciendo”.

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